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NOTICIAS
Lunes -  01/09/2014
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Fluidra gana 16,2 millones en el primer semestre, un 54% más.
CODERE alcanza un EBITDA de 43,8 millones de euros en el segundo trimestre de 2014, en línea con sus expectativas.
Agustín Azparren calcula que los tribunales estiman hoy el 90% de las demandas por productos financieros
CaixaBank invierte 500 millones de euros en el despliegue de una nueva generación de cajeros
CaixaBank adquiere el negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays en España por 800 millones
La recuperación se consolida con un crecimiento económico del 0,6% y la creación de 96.500 empleos
Los turistas internacionales gastaron 34.497 millones de euros entre enero y julio, un 7% más, registrando la cifra más alta de la serie histórica
ACCIONA Windpower firma su séptimo contrato de suministro de aerogeneradores en Brasil
Fort Hills Energy L.P. adjudica a Técnicas Reunidas un proyecto de cogeneración en Canadá
Bankia anticipa a empresas más de 6.000 millones de euros hasta junio procedentes de facturas, recibos y pagarés
Iberdrola moderniza 45 Centrales Minihidráulicas en España
García Tejerina: Pediremos a la Comisión un presupuesto necesario para evitar que los sectores se vean seriamente afectados por el veto ruso
Méndez de Vigo demanda un mercado europeo de la energía y el nombramiento de un comisario europeo encargado de asuntos de inmigración
España manifiesta su satisfacción por la designación del presidente del Consejo Europeo y de la Alta Representante para Asuntos Exteriores
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 NOVEDADES
Lunes -  01/09/2014
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Doctrina Administrativa
Ley General Tributaria (Vigente)
Los recursos o reclamaciones interpuestos para obtener la declaración de caducidad no interrumpen el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda, si bien puede iniciarse de nuevo el procedimiento. T.E.A.C. R, (17-6-2014)
La caducidad no se declaró de oficio y el interesado tuvo que hacer valer su derecho a través de los correspondientes recursos o reclamaciones. Declarada por el órgano de revisión o judicial la caducidad, la Administración puede volver a iniciar el procedimiento, pero teniendo en cuenta que tales recursos o reclamaciones (que declararon la caducidad) no han interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda. En el caso examinado, ha transcurrido el plazo para liquidar, por lo que debe declararse la prescripción. La importancia de esta Resolución (que reitera un criterio consolidado del TEAC) radica en que se exponen las razones por las que se mantiene a pesar de la existencia de sentencias del TSJ de Cataluña, que se apoyan en 2 sentencias del TS. Este TEAC no ignora el criterio recogido en la sentencia del TS de 5.10.2010 (Rec. nº 412/2008), a la que luego se remite la de 23.10.2012 (Rec. nº 306/2012). No obstante, entiende que, a salvo de futuros pronunciamientos del propio TS indicando lo contrario, estas sentencias no son aplicables por las siguientes razones: son dictadas por las secciones tercera y cuarta, en materia de reintegro de subvenciones públicas y no sobre el derecho a liquidar de la Administración tributaria, y, si bien por remisión de la normativa de subvenciones acaban haciendo referencia a la LGT de 1963 -pues la ratio decidendi de ambas resoluciones tiene su origen en sentencia de 18/03/2003-, debe tenerse en cuenta que en la LGT de 1963 precisamente no existía la institución de la caducidad para los procedimientos de aplicación de los tributos; por ello, estas decisiones del TS no parten de una interpretación sistemática de la normativa actualmente vigente, en la que, como se ha expuesto, el art. 104.5 LGT de 2003 cobra especial importancia en su interpretación conjunta con el art. 68.1.b) de la misma ley.

Consultas DGT
Impuesto sobre Actividades Económicas
Distinción entre la actividad de hospedaje y la de alquiler de vivienda a efectos de la clasificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas. D.G.T. C, (19-5-2014)
La consultante viene ejerciendo desde el año 2004 la actividad de alquiler de una casa rural, para lo cual está dada de alta en el grupo 685 de la sección primera de las Tarifas. Desea saber si está bien clasificada en dicho grupo.

 NOVEDADES LABORAL > VER NOTICIAS
Legislación
Empleo
Se acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 20 de agosto de 2014, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014
Resolución de 22 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 20 de agosto de 2014, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años (BOE núm. 211, de 30 de agosto de 2014)

Jurisprudencia
Contrato de Trabajo
Despido colectivo de hecho o «por goteo». Determinación de las extinciones de contratos computables. La referencia debe ser de la empresa en su conjunto. A.N. S.14/05/14
Nos encontramos ante un despido colectivo, al superarse, mediante el cómputo de todas las extinciones contractuales referidas en los hechos probados, los umbrales definidos en el art.51 del ET, teniendo en cuenta el número de trabajadores de la empresa. La calificación comprende a todos los despidos computables consignados en hechos probados, sin que pueda diferenciarse entre los primeros 29 y los siguientes, dado que dicha diferenciación no tiene naturaleza sustantiva, sino es una consecuencia procesal de la tramitación separada de litigios de impugnación individuales, que impide calificar los primeros despidos como colectivos hasta que se acredita la superación del umbral. Pero en este tipo de litigio, habiéndose acreditado de forma unitaria dicha superación, la calificación comprende a todos los computables y no solamente a una parte de los mismos. Por tanto ha de accederse a lo pretendido en el petitum de la demanda, que concreta los despidos por referencia a la fecha en que se produjeron y no nominativamente, lo que nos lleva a declarar la nulidad del despido colectivo identificando aquellas extinciones computables que han quedado acreditadas en los hechos probados y que se han producido dentro del periodo de referencia contenido en el petitum. La estimación, lógicamente, solamente puede alcanzar a los despidos producidos entre las fechas indicadas en el petitum que sean computables y hayan sido identificados en el proceso, con exclusión de los dos despidos disciplinarios no calificados a la fecha como improcedentes. La calificación del despido colectivo, conforme al art.124.11 de la LRJS, ha de ser la de nulidad, por omisión del preceptivo periodo de consultas, con los efectos previstos en dicha norma y sin que proceda resolver ahora las vicisitudes que eventualmente pudieran producirse en el caso de ejecución de la sentencia en relación con los concretos trabajadores afectados. Al tratarse de pronunciamiento de nulidad, la sentencia será susceptible de ejecución por esta Sala, al implicar la condena a la readmisión, pero siempre en los términos del art.247 de la LRJS, que requiere de la individualización previa de la condena y de la autorización de cada trabajador al sujeto colectivo que inste la ejecución.

Convenios Colectivos
Convenio Colectivo
Comercio del Metal de Palencia.
Acta de la Comisión Paritaria del Convenio C. del Comercio del Metal de Palencia. Boletín de 27/08/2014

 NOVEDADES MERCANTIL > VER NOTICIAS
Jurisprudencia
Derecho Societario
Cumplimiento de acuerdo alcanzado entre padre e cuatro hijos en relación a la distribución de participaciones sociales y la aportación a una de las sociedades de los activos que todavía estaban a nombre del padre. STS 16/06/14.
Existe incongruencia extra petitum porque la sentencia contiene una condena a dos de los hermanos para transmitir a cada una de sus dos hermanas la titularidad de una cuarta parte de las participaciones sociales de una compañía, porque este pronunciamiento no se acomoda a la solicitud en la demanda. También existe incongruencia extra petitum por la condena del padre a transmitir a una de las sociedades la titularidad de las marcas e inmuebles pues tampoco había sido solicitada en la demanda ni puede entenderse pretendida. Desestimación del recurso de casación que en realidad cuestiona la calificación de los acuerdos parasociales realizada por la sentencia recurrida que expresamente rechaza que se trate de una mera declaración de intenciones y reconoce validez y una eficacia tal que legitima a cualquiera de los que fueron parte a exigir su cumplimiento. Declarada la validez de estos acuerdos no cabe contradecir su eficacia vinculante entre las partes sin pretender cambiar la calificación jurídica que de los mismos ha hecho el tribunal de instancia. El mero hecho de haber dejado transcurrir unos años (seis o siete) sin instar el cumplimiento del acuerdo no significa que la voluntad de las partes fuera no dotarle de contenido obligacional, sino que lo único que pone de manifiesto es que mientras no surgió el conflicto entre los hermanos y los padres vivían, existía la confianza en que el acuerdo se cumpliría, sin que hubiera urgencia en darle cumplimiento.

 NOVEDADES CIVIL > VER NOTICIAS
Jurisprudencia
Derecho Sucesorio
El maltrato psicológico es justa causa de desheredación. STS 03-06-2014
En orden a la interpretación normativa del maltrato de obra como causa justificada de desheredación, hay que señalar que, en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, sin que sea un obstáculo para ello la alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto. En efecto, en este sentido la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales (artículo 10 CE) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante, así como en el propio reconocimiento de la figura en el campo de la legislación especial; caso, entre otros, de la Ley Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004. Por lo demás, la inclusión del maltrato psicológico, como una modalidad del maltrato de obra, en la línea de la voluntad manifestada por el testador, esto es, de privar de su legítima a quienes en principio tienen derecho a ella por una causa justificada y prevista por la norma, viene también reforzada por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que esta Sala tiene reconocido no solo como canon interpretativo, sino también como principio general del derecho con una clara proyección en el marco del Derecho de sucesiones en relación con el principio de «favor testamenti. En el presente caso, y conforme a la prueba practicada, debe puntualizarse que, fuera de un pretendido «abandono emocional», como expresión de la libre ruptura de un vínculo afectivo o sentimental, los hijos, aquí recurrentes, incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante en donde, ya enfermo, quedó bajo el amparo de su hermana, sin que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto alguno; situación que cambió, tras su muerte, a los solos efectos de demandar sus derechos hereditarios.

 NOVEDADES PENAL > VER NOTICIAS
Jurisprudencia
Delitos Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Delito contra la Hacienda Pública. Prescripción delictiva: Por auto de 21/2/2002 el Juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento por prescripción de los delitos investigados, pronunciamiento que fue revocado por la Audiencia Provincial. STS 03-04-14
Delito contra la Hacienda Pública. Prescripción delictiva: Por auto de 21/2/2002 el Juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento por prescripción de los delitos investigados, pronunciamiento que fue revocado por la Audiencia Provincial al estimar los recursos de apelación interpuestos, declarando que la denuncia del Ministerio Fiscal fue interpuesta antes del plazo de cinco año y que en la misma se indicaban los nombres de los denunciados, las sociedades interpuestas, así como los nombres de los propietarios de los locales. Por lo que sí tuvo eficacia interruptiva de la prescripción, aun cuando no estuviera cuantificado en ese momento el importe de la defraudación. El Tribunal a quo estima parcialmente la prescripción respecto de los cooperadores necesarios al señalar que el hecho imputable solo estará determinado a los efectos de la dirección del procedimiento contra el culpable en la medida en que la autoridad tributaria haya procedido a la liquidación, al menos provisional del impuesto. Esta liquidación provisional se convertiría a juicio del Tribunal a quo en presupuesto de procedibilidad. Doctrina de la Sala. Liquidación previa: no se puede calificar de condición de procedibilidad la liquidación provisional del impuesto hecho por las autoridades financieras, ya que tal liquidación corresponderá en exclusiva a los órganos judiciales en la fase de enjuiciamiento. No es preciso que exista absoluta precisión en los términos de la denuncia, ya que al comienzo de un proceso penal el juez debe investigar y practicar actuaciones, a resultas de las cuales puede deshilvanarse una acusación o surgir datos, que dentro de la misma línea investigadora agraven la inicial imputación.

 NOVEDADES CONTABLE > VER NOTICIAS
Consultas DGT
Plan Contable (PGC 2007)
Operación de aportación de participaciones sociales. Reconocimiento de un ingreso contable por parte de la entidad beneficiaria. Consulta DGT de 26-6-2014.
Si tras la operación de aportación de participaciones, alguna de las sociedades aportadas distribuye dividendos, a efectos contables, la entidad beneficiaria reconocerá un ingreso por la parte del dividendo que procede de resultados generados a partir de la adquisición de las participaciones.

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Jurisprudencia
Fiscalidad Ambiental
Declaraciones liquidaciones del IVMDH improcedentes. Devolución de ingresos indebidos. AN; S. 9/06/14
Aun siendo improcedentes las declaraciones-liquidaciones del IVMDH, y la repercusión de las cuotas autoliquidadas, sucede que la realización del derecho a la devolución de los ingresos indebidos está sujeta a las normas que en el Derecho interno regulan dicha materia, en sus aspectos sustantivo y procedimental, aspectos que en vía administrativa no se contrastaron, al centrarse la cuestión en la discordancia de la Ley del impuesto con la Directiva europea reseñada. Dadas las circunstancias que concurren en el presente caso, es decir, dada la sentencia de 27 febrero 2014, hay que completar esa instrucción por lo que procede la retroacción del procedimiento para que se examine la improcedencia de las autoliquidaciones y de las repercusiones del IVMDH y reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, al momento anterior a que se dictase la resolución recaída en el mismo, a fin de que el órgano de gestión competente realice los trámites que correspondan, en función de la condición que ostente quien hubiera instado la rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos, para comprobar los requisitos del derecho a la devolución y dictar nueva resolución por la que, en función del resultado de la instrucción del procedimiento, reconozca, en su caso, el derecho a la devolución de ingresos indebidos a favor de quien, según las normas reseñadas, ostente el derecho a obtener la devolución, con los intereses de demora devengados.

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Jurisprudencia
Protección de Datos
Sanción AEPD. Bankia. Principio de calidad de los datos ante la incorporación a los ficheros de solvencia Asnef y Badexcug (SAN 24/06/14)
La resolución impugnada sanciona a la entidad demandante por el tratamiento de datos de carácter personal inexactos, de forma que no corresponden con veracidad con la situación actual de los denunciantes, en particular haber solicitado la inclusión de los datos de los denunciantes en los ficheros de solvencia Asnef y Badexcug, cuando aquellos no respondían con veracidad a la situación actual de los denunciantes y sin haber practicado los requerimientos previos exigibles en virtud de lo establecido en la normativa sobre protección de datos personales. BANKIA S. A., en su condición de sucesora universal en el negocio bancario de Bancaja, es responsable del tratamiento de datos de carácter personal de los denunciantes con infracción del principio de calidad del dato, previsto en el artículo 4.3 en relación con el artículo 29.4, ambos de la LOPD, cometiendo, por ello, la infracción tipificada en el artículo 44.3.c) LOPD, pues se llevo a cabo el tratamiento de datos de carácter personal inexactos, de forma que no correspondían con veracidad con la situación actual de los denunciantes, comunicandose para su inclusión en los ficheros de solvencia Asnef y Badexcug sus datos, asociados a unas deudas inexistentes y sin practicar los requerimientos previos de pago exigibles, con indicación de que de no producirse el pago podrían ser comunicados a los ficheros de solvencia. La entidad acreedora es la responsable de que los datos proporcionados a las entidades encargadas de los ficheros de datos de solvencia económica, Asnef y Badexcug, sean exactos y veraces, siendo de su responsabilidad tanto su inclusión como la cancelación de los mismos, pues solo ella cuenta con el conocimiento de la existencia y exigibilidad de la deuda, cuyo impago está en la causa de la inclusión de los datos en estos ficheros. Por tanto, resulta responsable de la veracidad y calidad de los datos que hallándose en sus ficheros suministra para que se incluyan y mantengan en ficheros de solvencia, así como del cumplimiento de las exigencias legales para tal inclusión.

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Legislación
Interior y Defensa
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso
REAL DECRETO 679/2014, DE 1 DE AGOSTO, Por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (B.O.E. n.º 207 de 26 de agosto de 2014)

Sanidad y Consumo
Registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos
Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia. (B.O.E. n.º 208 de 27 de agosto de 2014)

Jurisprudencia
Patrimonio
Proyecto de Acondicionamiento del Paseo de Coches del Parque Ribalta. Falta de cumplimiento de las exigencias de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. STS 25-06-14
El texto legal de cuya aplicación resulta el fallo de instancia es la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, cuya regulación es la que ha sido tenida en cuenta a la hora de declarar la ilegalidad de la resolución que ha constituido el objeto del proceso. Esto quiere decir que debemos de examinar las eventuales objeciones que para admitir el recurso de casación puedan derivarse del artículo 86.4 de la LJC, que en el caso de sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia solo las considera recurribles si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, lo que en una inicial apariencia se satisfaría en este caso, al invocarse como infringidos en el motivo los artículos 54 y 89.5 de la LPAC. Sin embargo esta inicial apariencia no puede desviarnos de la visión de que el régimen sustantivo sobre el que fue resuelto el proceso tiene naturaleza estrictamente autonómica, de modo que la invocación de los artículos citados de la LPAC y las eventuales consecuencias a predicar de la discrecionalidad técnica no son más que instrumentos jurídicos genéricos a utilizar en la fijación de los hechos a partir de los cuales proceder a interpretar y aplicar las normas autonómicas concernidas y que por eso carecen de la sustantividad precisa para sustraer el proceso de su calificación como integrado en el supuesto de los no accesibles a la casación ante el Tribunal Supremo.

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