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NOTICIAS
Lunes -  21/04/2014
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 NOVEDADES
Lunes -  21/04/2014
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Doctrina Administrativa
Impuesto sobre el Valor Añadido
Las entidades que no realizan actividad económica alguna no tienen la consideración de sujeto pasivo a los efectos del IVA, por lo que la operación de transmisión de un inmueble no queda sujeta al mismo. T.E.A.C. R, (19-2-2014)
En el caso examinado la sociedad posee unos activos inmobiliarios y no realiza operación comercial durante un largo período de tiempo acreditado por la Administración (más de 30 años), sin haber llevado a cabo actividad económica alguna en las parcelas durante ese largo periodo de tiempo, ni en otro sector de la actividad económica. Tampoco se han realizado obras de urbanización con anterioridad a su venta que pudieran atribuir ocasionalmente la condición de empresario/sujeto pasivo del IVA al vendedor. Lo que ha existido en las ventas consideradas es sencillamente el ejercicio de una de las facultades que corresponden al propietario en la misma forma en que lo hubiera hecho cualquier otro sujeto. Y en estas condiciones tales actos no están incluidas en el ámbito de aplicación del IVA. En el mismo sentido RG 00/00891/2007 (03-11-2009). En relación con el concepto de actividad económica, al menos dos consideraciones pueden ser relevantes atendiendo a las circunstancias de este caso. En primer lugar, que si en el concepto de actividad económica está implícita la idea de habitualidad en las operaciones, el artículo 12.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, permite a los Estados considerar sujeto pasivo a quien realiza, aunque sea ocasionalmente una operación de las mencionadas en las letras a) y b) del citado precepto y en especial en las entregas de terrenos edificables; en la LIVA esta autorización justifica la regla del artículo 5.1.d) que atribuye la condición de empresario/sujeto pasivo a quien urbaniza terrenos, o promueve, construye o rehabilita edificios, aunque sea de forma ocasional. La segunda es que es doctrina reiterada del TJUE que no forma parte del concepto de actividad económica a efectos del IVA los actos y operaciones que sean consecuencia del simple ejercicio del derecho de propiedad sobre un bien por parte de su titular.

Consultas DGT
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El régimen de trabajadores desplazados a territorio español previsto en el artículo 93 de la LIRPF no resulta extensible al resto de miembros de la unidad familiar. D.G.T. C, (5-2-2014)
Una persona, que no fue residente fiscal en España en el año 2012 y que adquiere residencia fiscal en España en 2013 y va a serlo en 2014, se ha acogido en 2013 al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español previsto en el artículo 93 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Su cónyuge (sin trabajo y sin ingresos en España) y su hijo menor de 18 años también son residentes fiscales en España en el año 2013 y van a serlo en 2014 pero no pudieron acceder a este régimen especial. El cónyuge y el hijo son cotitulares de las rentas y derechos en el extranjero de la persona que se ha acogido al régimen especial. Si el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español resulta extensible en 2014 al cónyuge y al hijo de la persona acogida a dicho régimen especial de forma que no quedarán sujetos a tributación por las rentas de los bienes y derechos situados en el extranjero de los que son cotitulares.

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Legislación
Empleo
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado Servicio
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la Administración General del Estado (BOE núm. 96, de 21 de abril de 2014)

Seguridad Social
Se convocan ayudas para 2014, del Programa de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio (BOE núm. 93, de 17 de abril de 2014)

Jurisprudencia
Salario
Derecho de los trabajadores a seguir percibiendo el «plus de festivos» en la cuantía correspondiente al plus de jornada festiva fija, como lo hacían con anterioridad, ante la evidente existencia de una condición más beneficiosa. T.S. S.05/02/14
Se formula demanda de conflicto colectivo por la representación del Comité de Empresa de la demandada sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, solicitando que se declare nula o subsidiariamente improcedente la modificación sustancial de las condiciones de trabajo llevada a cabo, declarando el derecho de los trabajadores a percibir el plus de elecciones sobre el cálculo de las retribuciones brutas y a seguir percibiendo el plus de festivo a quienes presten sus servicios en sábado, domingo o festivos en la cuantía correspondiente al plus de jornada fija. La sentencia recurrida, declarando la incompetencia funcional respecto del complemento de elecciones, declara el derecho de los trabajadores afectados a percibir el plus de festivos en la cuantía correspondiente al plus de jornada festiva fija, puesto que los trabajadores afectados tienen derecho a percibir dicho plus como lo hacían con anterioridad, pues entiende que tras nueve años siguiendo tal práctica, se está en presencia de una condición más beneficiosa que no puede suprimirse unilateralmente sin quebranto del ordenamiento jurídico. Por la Empresa se interpone recurso de casación, que será desestimado pues efectivamente nos encontramos ante una condición más beneficiosa, pues lo cierto es que la empresa ha venido abonando a los trabajadores afectados el plus en la cuantía de jornada festiva fija en los términos postulados en la demanda hasta 2011, con lo cual esta ventaja se ha incorporado al nexo contractual, estando impedida su extracción del mismo por decisión unilateral del empresario, sin que medie acuerdo entre las partes o sea compensada o neutralizada en virtud de normativa posterior -legal o pactada colectivamente- más favorable que modifique el «status» anterior en materia homogénea. No cabe atribuir a una errónea aplicación de la norma el abono del plus como pretendía el recurrente, ya que, de un lado no se explica de manera convincente en qué consiste dicho error y de otro, en ningún caso cabe hablar de error invencible durante ocho o nueve años.

Convenios Colectivos
Convenio Colectivo
Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla.
Revisión salarial para el año 2014 del Convenio C. de Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla. Boletín de 14/04/2014

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Jurisprudencia
Derecho de la Competencia
Improcedencia de aplicar el art. 5 LCD, hoy art. 4, cuando la conducta que fundamenta la acción de competencia desleal supera el control de legalidad impuesto en los tipos legales de los preceptos siguientes. STS 26/02/14.
La recurrente considera que las conductas denunciadas tienen encaje en el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal, hoy 4, en tanto que se han obtenido ventajas no mediante el propio esfuerzo sino parasitando el ajeno por la salida de empleados y su incorporación como socios en la sociedad competidora, en las circunstancias en que tuvo lugar, y con aprovechamiento de la información y el esfuerzo investigador, de los secretos tecnológicos obtenidos durante años en la actora. Afirma la recurrente que la salida de empleados y su incorporación como socios a una sociedad competidora no es subsumible en los arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal y sí en el art. 5 si ello supone que van a utilizar toda la información y esfuerzo investigador obtenido durante años en la sociedad demandante. Si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en estos tipos legales, que se redactaron específicamente para reprimir las conductas de esa naturaleza, no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al art. 5, hoy 4, de la Ley de Competencia Desleal.

 NOVEDADES CIVIL > VER NOTICIAS
Jurisprudencia
Derecho Procesal Civil
Colación ordenada por el testador. Disposiciones establecidas para su cumplimiento en el cuaderno particional. STS 13/03/14.
Carece de sentido pretender negar a uno de los herederos legitimación para instar el cumplimiento de lo establecido en el cuaderno particional firme, que obliga a todos ellos. Siendo contenido propio del cuaderno particional las operaciones sobre colación de bienes, es claro que en el presente caso se estableció una obligación a cargo del demandado derivada de dicha colación, según la cual quedaba sujeto a la constitución del depósito de que se trata. Por tanto cualquiera de los herederos, en definitiva beneficiario de dicho depósito en cuanto nudo propietario de parte del mismo, ha de estar legitimado para instar el cumplimiento de dicha obligación y ello aunque sólo fuera, situándonos en la tesis del recurrente, para que en definitiva la obligación pasara de dicho heredero demandado a la madre usufructuaria.

 NOVEDADES PENAL > VER NOTICIAS
Jurisprudencia
Delitos Contra la Libertad, Torturas y Contra la Integridad Moral
Delito de secuestro. Delito de allanamiento de morada. Derecho al secreto de las comunicaciones: artículo 18.3 CE. Intervenciones telefónicas. STS 29/01/14
La apreciación de la legitimidad de la adopción de la medida impone comprobar si la relevancia del bien jurídico puesto en riesgo por el delito posiblemente cometido, objeto de persecución, guarda la necesaria relación de proporcionalidad con la lesión que para el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal de los comunicantes ocasionaría la medida. Hay que verificar también si el sacrificio de estos era realmente necesario para conseguir ese fin, a tenor de los datos ofrecidos a la consideración del instructor, que habrán de ser bastantes para que este pueda, reflexivamente, formar criterio al respecto. La resolución judicial ha de explicitar la existencia de los presupuestos materiales de la intervención (investigación, delito grave, conexión de las personas con los hechos) y la necesidad y adecuación de la misma (razones y finalidad perseguida). Caso de autos. Vulneración inexistente: medida necesaria y proporcionada a la gravedad de los hechos. Existían datos que permitían inferir la participación del usuario de la línea en los hechos investigados: la familia del secuestrado no tenía particular notoriedad, por lo que era razonable pensar que la responsabilidad de la acción criminal tendría que recaer en alguien más bien próximo al entorno de uno y otra. El recurrente tenía un pasado carcelario, conocía los negocios de la familia, carecía de fuente de ingresos a pesar de lo cual hacía alarde de haber obtenido una importante cantidad de dinero. Delito de secuestro. Artículos 164 y 165 CP: acusado que, simulando una intervención policial, secuestra a la víctima, reclamando una cantidad de dinero por su liberación. Delito de allanamiento de morada: concurre. Se declara probado que al huir de la policía, el recurrente irrumpió en una vivienda, sin consentimiento de la propietaria, y permaneció en su interior hasta que fue detenido. Independencia del móvil existente (escapar de la autoridad policial). Atenuante de drogadicción: la mera constatación del consumo de drogas es insuficiente para apreciar la atenuante solicitada, que requiere una grave adicción. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. Vulneración inexistente. Valoración individualizada de la prueba tenida en consideración respecto de cada uno de los recurrentes.

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Doctrina Administrativa
Consolidación
Incidencia de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades en el cálculo de la RIC. Ajustes individuales y consolidados. Resolución del TEAC de 9-1-2014.
No tiene en cuenta la reclamante la incidencia de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades en el cálculo de la RIC y que, a su vez, el impuesto vendrá determinado por los ajustes, tanto individuales como consolidados, así como por el importe de dotación a la RIC. La inspección ha partido de la Norma de Valoración 16ª del Plan General de Contabilidad de 1990, vigente en este periodo 2003, que regula la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, según la cual se obtendrá el resultado contable ajustado, que es el resultado económico antes de impuestos del ejercicio, más o menos las diferencias permanentes que correspondan al mismo. En segundo lugar, se calculará el importe del impuesto bruto, aplicando el tipo impositivo correspondiente al ejercicio sobre el resultado contable ajustado. Finalmente, del importe del impuesto bruto, según sea positivo o negativo, se restará o sumará, respectivamente, el de las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, para obtener el Impuesto sobre Sociedades devengado. Por otra parte, en consolidación, el RD 1815/1991, de 20 de diciembre, que establece las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, se remite, en su artículo 60, para el cálculo del Impuesto sobre beneficios a la Norma de Valoración 16ª del Plan General de Contabilidad, si bien «Incluyendo las diferencias permanentes y temporales originadas como consecuencia de la aplicación de los métodos de consolidación, es decir, teniendo en cuenta los ajustes derivados de la aplicación de los métodos de consolidación», por lo que debemos tener en cuenta la diferencia permanente de consolidación derivada de la eliminación de dividendos que efectúe el grupo. Como hemos dicho, este impuesto contable va a condicionar el beneficio o resultado neto contable de la empresa individual, y ello va a su vez a condicionar la cuantía máxima de la RIC que se puede dotar, lo que a su vez condiciona la cuantía de la eliminación que el grupo va a poder practicar.

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Jurisprudencia
Impacto Ambiental
Nulidad de licencia de actividad por no haberse adoptado las medidas suficientes para evitar el polvo y serrín (TSJ Valencia; S. 29/01/2014)
La actividad estaba funcionando sin haber obtenido el acta de comprobación, ha sido objeto de numerosas revisiones por parte del Ayuntamiento; no obstante las objeciones, a juicio del Ingeniero Municipal por eso emitió informe favorable y consideró adecuado el sistema de pulverización de agua por aspersores. La valoración de las pruebas que lleva a cabo el Juzgado es acertada, la actividad está funcionando (aunque no debiera) de forma deficiente, significa que la licencia está mal otorgada o no se han puesto las medidas correctoras adecuadas. No se trata sólo de las actas notariales donde constatan los polvos y emanaciones, el propio Arquitecto Municipal (después de otorgada licencia) entiende que la actividad debe suspenderse, analizar los sistemas correctores y obrar en consecuencia.

 NOVEDADES NUEVAS TECNOLOGÍAS > VER NOTICIAS
Legislación
Miscelánea
Se crea y regula el registro electrónico de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se crea y regula el registro electrónico del organismo (BOE nº 96 de 21 de abril de 2014)

Se crea la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se crea la sede electrónica del organismo (BOE nº 96 de 21 de abril de 2014)

Jurisprudencia
Protección de Datos
Alcance del derecho de acceso a datos personales que reconoce al titular de tales datos el artículo 15 de la LOPD (AN; S. 26/02/2014)
En atención al reconocimiento y tutela de tal derecho al control de los datos personales incorporados a ficheros u objeto de tratamiento que la LOPD hace respecto de sus titulares, se reconoce también el « derecho de acceso « que concede al interesado, en términos generales, la posibilidad de comprobar si se dispone de información sobre uno mismo y conocer el origen del que procede y la finalidad con que se conserva. Constituye una carga que, en garantía de los derechos del afectado, asume el responsable del fichero o del tratamiento de los datos, como consecuencia de la utilización que hace, en su beneficio, de los datos personales de aquel. En este sentido, se ha afirmado que se contempla en el artículo 15 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, lo que se ha venido denominando como habeas data o habeas scriptum, derecho que consiste en que el afectado puede exigir al responsable del fichero una prestación de hacer, consistente en la mera exhibición de sus datos y, en su caso, su rectificación y cancelación, que se encuentra recogido en el artículo 8.b) y c) del Convenio 108 del Consejo de Europa y 12 y 13 de la Directiva 95/46/CE, constituyendo parte del núcleo esencial de derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución (STC 292/2000).

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Legislación
Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Acuerdo Multilateral M-268 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de embalajes desechados, vacíos, sin limpiar
Acuerdo Multilateral M-268 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de embalajes desechados, vacíos, sin limpiar (n.º ONU 3509), hecho en Madrid el 20 de diciembre de 2013 (BOE núm. 94, de 18 de abril de 2014)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB)
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013 (BOE núm. 95, de 19 de abril de 2014)

Jurisprudencia
Función Pública
Vulneración del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo. Se anula por discriminatorio el cese de una funcionaria embarazada del CNI. STC (Sala 1ª) 24/02/14.
Sentada la existencia de un panorama indiciario de discriminación, correspondía a la Administración probar que la decisión del cese de la recurrente obedeció a razones objetivas y ajenas por completo a cualquier ánimo discriminatorio, alegando que el cese se produjo por razón de la falta de idoneidad de la recurrente reflejada en diversos aspectos negativos que pusieron de manifiesto determinados informes que, sin embargo, no se aportan por la Administración por estar clasificados como secretos. No existe ningún elemento que desvirtúe los elementos indiciarios de discriminación, no habiéndose aportado los informes negativos citados en el informe de la Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Inteligencia. Llegados a este punto, debemos entender que se ha producido la discriminación aducida por la demandante, puesto que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto erróneo según hemos expuesto, cual es que no existe un panorama indiciario suficiente, y la Administración no acreditó mínimamente que la decisión del cese de la recurrente obedeció a razones objetivas y ajenas por completo a cualquier ánimo discriminatorio. Esta inactividad probatoria de la Administración no resulta justificada por la aducida clasificación como secretos de los informes de valoración del desempeño de la recurrente, puesto que ello no puede suponer un espacio de inmunidad al control jurisdiccional; en este sentido, la STEDH de 15 de noviembre de 1996, caso Chahal c. Reino Unido. En este punto, debe subrayarse que estamos ante informes sobre una funcionaria del Centro, evaluando su idoneidad, por lo que, tal como alega el Fiscal, parece lógico deducir que la Administración, preservando la información material cubierta por la legislación de secretos oficiales, podía haber concretado motivadamente una suficiente explicación que permitiera conocer aquellos hechos o aspectos negativos del desempeño de sus funciones que fueran relevantes para que no se integrara a la demandante como personal estatutario permanente y en todo caso, fueran susceptibles del necesario control judicial, todo ello con las debidas cautelas para no infringir el carácter secreto de los documentos y la necesaria preservación de la seguridad nacional.

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